Avances en la certeza jurídica del sector agrario
Las autoridades federales mantienen bajo revisión los expedientes de miles de productores que operan en el campo mexicano con situaciones pendientes en sus títulos de propiedad. De acuerdo con los datos dados a conocer recientemente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el objetivo principal es regularizar aproximadamente el 10% de al menos 80,000 beneficiarios que históricamente han enfrentado trabas burocráticas y vacíos legales en la documentación de sus parcelas.
Durante su intervención en el Segundo Informe de Rendición de Cuentas de la Procuraduría Agraria, Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la dependencia, detalló que en los primeros seis meses de su gestión se han instrumentado estrategias intensivas de revisión y actualización de padrones. Estas acciones buscan abatir el rezago histórico que limita el desarrollo integral de las comunidades rurales en el país.
Sinergia institucional y beneficios directos para el campo
La funcionaria subrayó que la colaboración estrecha entre las distintas dependencias del sector primario ha propiciado una simplificación notable en los trámites administrativos, generando paralelamente ahorros significativos en la operación pública. Esta optimización institucional facilita que un mayor número de agricultores se incorpore a esquemas de apoyo prioritarios, tales como Fertilizantes y Producción para el Bienestar.
A decir de la encargada de la política agrícola, consolidar la propiedad legal de las parcelas no solo otorga una profunda paz social a las familias del sector rural, sino que también funciona como un catalizador para elevar los niveles de productividad agrícola a escala nacional.
Ordenamiento territorial y equidad de género
Asimismo, durante el encuentro se hizo un llamado urgente para impulsar un correcto ordenamiento territorial dentro de los ejidos y las comunidades. Esto implica delimitar con precisión científica y social las áreas correspondientes a asentamientos humanos, solares urbanos, zonas boscosas y espacios estratégicos para la conservación del agua.
En materia de igualdad sustantiva, se reconoció el esfuerzo institucional para empoderar a las mujeres del campo. Al respecto, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que se proyecta una reforma integral a la legislación en la materia: “Se trabaja en la actualización de la Ley Agraria, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de los resultados de la consulta sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Como parte de esta agenda de justicia social, la funcionaria reiteró la meta gubernamental de pasar de 150,000 a 250,000 mujeres con el reconocimiento oficial de sus derechos agrarios, garantizando su patrimonio y autonomía económica.
Defensa irrestricta de la propiedad social
Por su parte, Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria, recordó que la mitad del territorio nacional pertenece a ejidos y comunidades, por lo que la dependencia tiene la encomienda constitucional de salvaguardar la propiedad social frente a inercias del pasado.
El funcionario enfatizó que la institución bajo su cargo tiene el mandato ineludible de dejar atrás prácticas que favorezcan la venta, renta o despojo de tierras ejidales y comunales, priorizando siempre el bienestar de las familias campesinas por encima de intereses mercantiles sobre la tierra.
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